Airbnb investiga un estrambótico caso de realquiler en Barcelona

Airbnb
asegura que “investiga activamente” el caso de la
barcelonesa Montse Pérez, que ha tenido que alquilar a través
de la plataforma su propio piso para recuperar su vivienda, pero
responsabiliza al “anfitrión” -quien lo había alquilado-
de haberlo puesto en su plataforma.

En un comunicado,
Airbnb afirma que está “investigando este caso activamente”
y pide “a todos los anfitriones que certifiquen que tienen
permiso para anunciar su alojamiento
y -afirma-les recordamos que
comprueben y sigan las leyes locales antes de subir su anuncio y a lo
largo del año”.

La plataforma, que ha sido multada
con 600.000 euros por el Ayuntamiento
de Barcelona
por anunciar pisos que no tienen
licencia, recuerda que “estas cláusulas están muy claras en
nuestros términos de servicio y en nuestra página sobre ser
anfitriones responsables”.

“Hasta la fecha se
han producido más de 180 millones de llegadas de huéspedes a través
de Airbnb. Estos incidentes aislados son raros y tomamos las
acciones necesarias
ante cualquier incidencia que llega ante
nuestro conocimiento”, añade el comunicado de la
plataforma.

Airbnb asegura que “cuando recibimos
notificaciones de incidentes, facilitamos un proceso para hacerlas
llegar a los anfitriones” y resalta que “para ayudar a que
nuestra comunidad esté basada en la confianza y la seguridad, hemos
publicado nuestros estándares y expectativas, a los que nuestro
anfitriones y huéspedes deben adherirse”.

Posible
organización

El problema de
Montse Pérez comenzó
el 12 de mayo cuando ella y su marido alquilaron a un ciudadano de
26 años con doble nacionalidad chilena y rusa el piso
, situado
en el número 129 de la calle del Mar de Barcelona, en el popular y
ahora turístico barrio de la Barceloneta.

El contrato de
alquiler fue de 950 euros mensuales y en sus cláusulas se hacía
constar que el inquilino no podía realquilarlo ni hacer un uso
turístico
, después de asegurarse que el joven, que dijo que
había sido trasladado de Londres a Barcelona para trabajar como
asesor financiero, era solvente -mostró una nómina de 3.000 libras
esterlinas al mes-.

Una vez firmado el contrato, cuando la
propietaria intentó contactar con el inquilino para hacer el cambio
de nombre de los suministros ya no lo localizó, por lo que acudió a
la vivienda y comprobó que ésta estaba abierta y había sábanas
encima de la cama, ha relatado a Efe su hija.

Los vecinos
le comentaron que del piso entraba y salía gente con maletas y que
estaba siendo usado como piso turístico. Fue entonces cuando la
familia descubrió que el piso que habían arrendado al chileno-ruso
aparecía anunciado en la plataforma de viviendas turísticas Airbnb
al precio de 200 euros la noche -6.000 euros al mes-.


Montse Pérez y su hija Thais
Franco descubrieron así lo que creen que es una posible
organización que se dedica a alquilar pisos en Barcelona para
después realquilarlos a turistas a través de la plataforma Airbnb
,
que no comprueba la titularidad de la vivienda, y obtener pingües
beneficios.

Fue
en aquel momento cuando decidieron reservar su propio piso y el
primer día que estaba libre era ayer, tal como ha avanzado hoy La
Vanguardia.

Montse Pérez y Thais Franco han
recuperado de esta manera su vivienda, y, aunque desconocen las
consecuencias legales, han cambiado la cerradura del piso
.

Otro caso más

Poco
después se conocía otro caso de un afectado por el realquiler de su
piso por parte del inquilino. En este caso Josep
Maria, propietario de una
vivienda en Sarrià,
denuncia que el Ayuntamiento de Barcelona lo quiere multar
con 30.000 euros porque el
arrendatario ha anunciado su
piso en
la plataforma.

En
declaraciones a Rac1 recogidas por La Vanguardia ha explicado que “el
Ayuntamiento abrió una incidencia: llevamos el contrato de alquiler
y los recibos, pero lo desestimaron y me abrieron expediente. Ahora
estoy totalmente indefenso”.

“El problema es
que el propietario es responsable solidario con el inquilino. Ha sido
imposible hablar con el abogado del Ayuntamiento”, se lamenta Josep
Maria. El propietario ha enviado un burofax al inquilino
pidiéndole que “deje de realizar esta actividad” y que “quede
constancia” ante el Ayuntamiento. “El abogado me ha dicho que lo
más seguro es que tendré que ir a juicio una vez acabada la vía
administrativa”, se añade.

Fuente: Hosteltur
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